Hace poco más de 10 años, el 28 de junio de 2009, el golpe de Estado orquestado contra el presidente Juan Manuel Zelaya Rosales, sacudió Honduras. Ello inauguró un nuevo período en la historia hondureña caracterizado por una crisis generalizada que impactó en todas las esferas de la vida social del país. Desde esta fecha, este país centroamericano ha vivido una prolongada situación de emergencia social e inestabilidad sociopolítica que se agudizó con la llegada a la presidencia de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), quien asumió el cargo en medio de la descomposición social posgolpe para darle continuidad a las políticas económicas de apertura neoliberal que exacerbaron el modelo extractivo, de por sí enraizado en la historia de este país.

Entre esas políticas destaca el Decreto Legislativo No. 286-2009 que puso en marcha el Plan de Nación y el Proyecto Visión de País, dentro de los cuales se enmarcaron los objetivos nacionales orientados a fomentar las alianzas público-privadas con el objetivo de detonar el desarrollo social y económico mediante la capitalización de ramas como el turismo, la maquila, los agronegocios y la explotación de recursos naturales (CEPAL, 2010). La embestida privatizadora contra el agua de los territorios indígenas inició el 24 de agosto de 2009 -a pocos meses del golpe de Estado- cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Aguas, a través de la cual se dio respaldo legal a la intervención de capital nacional y extranjero para la creación de represas hidroeléctricas en áreas protegidas, la cual se concretó cuando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación a nivel internacional (Altholz et al., 2017: 13).

Como resultado de dicha licitación, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) avaló la contratación de 47 proyectos hidroeléctricos para la creación de 255 MW de energías renovables. Entre los proyectos aprobados se encontró el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, con el que se concesionó por 20 años a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S. A. de C.V. (DESA), quien más tarde subcontrató a la empresa de capital chino Sinohydro Corporation, la creación de 21.7 MW de energía hidroeléctrica (Altholz et al., 2017) que se obtendría del embalsamiento del agua del río Gualcarque que atraviesa los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, ubicados en el occidente de Honduras.