1. Brindar protección a los monumentos arqueológicos mediante la realización de inspecciones a los lugares en que se realizan diversas obras tanto públicas como privadas. 2. Elaborar informes y dictámenes en relación con los sitios arqueológicos y las obras visitadas para definir si existirían daños al patrimonio arqueológico ante la construcción de las obras, y recomendar las acciones pertinentes para la protección de los monumentos arqueológicos. 3 Proponer programas de rescate y salvamento arqueológico que mitiguen el posible impacto de una obra de construcción que se realiza próxima a o en el interior de un sitio arqueológico. 4 Recuperar información histórica y arqueológica en relación con los sitios arqueológicos afectados por una obra mediante la realización de programas de rescate y salvamento arqueológico mediante convenios de colaboración con las instituciones o empresas que llevan a cabo las obras. 5. Elaborar los informes técnicos correspondientes a los programas de rescate o salvamento arqueológico efectuados. 6. Emitir constancias de ausencia o presencia de monumentos arqueológicos o históricos en predios de propiedad privada a solicitud de sus poseedores, como parte de un programa de regularización de la tenencia de la tierra que lleva a cabo el Gobierno del Estado.