Como bien expusieron Sierra y Chenaut (2002) en un interesante artículo sobre las corrientes dentro de la Antropología jurídica anglosajona, después de los años 50 se dio un cambio de orientación tanto en la Antropología jurídica como en la Antropología política desde el estudio normativo hacia el estudio de los procesos e interacciones sociales; un giro epistemológico que se consolidó en los años 70. Tomaron preeminencia entonces los estudios de caso extensos sobre procesos de disputa y formas de resolución de conflictos, entendiendo éstos no como desviaciones sino como procesos sociales cotidianos. Así, se empezó a estudiar el Derecho en prácticas sociales y culturalmente situadas, posando la mirada más sobre los litigantes que sobre los jueces o legislaciones; sobre los argumentos de cada parte y cómo se manejaban y resolvían los conflictos, y si efectivamente se conseguía restaurar una cierta armonía social. Estos enfoques entienden que los procesos jurídicos son parte de la vida social y que el derecho no es un sistema independiente de la sociedad o la cultura, sino que ésta se expresa a través de él. Se considera así que las personas construyen el derecho a partir de estos procesos de conflicto, así como construyen sistemas de obligaciones, prestaciones mutuas y redes de reciprocidad que son también costumbres jurídicas. El desfase entre el ideal de la norma y las prácticas de los sujetos constituye un campo de análisis propiamente etnográfico, basado en el estudio de los usos concretos y las relaciones de hecho. En el caso de las relaciones de propiedad son muchos los autores que han resaltado la importancia de analizar las prácticas y usos concretos en relación a los ideales y normativas (Malinowski, 1977[1935]; Herskovits, 1952; Benda-Beckmann, 1999; Márquez, (2013); por ejemplo, observar etnográficamente si quien utiliza realmente un terreno es el propietario reconocido legalmente; si no es así qué tipo de cesión se produce y en función de qué reglas o acuerdos; qué se argumenta en los conflictos ante la administración y cuáles son los motivos reales para reclamar un terreno; qué usos se declaran y cuáles son escondidos, etc. La variedad de casos y situaciones es muy amplia y sólo puede comprenderse sobre el terreno, mediante el trabajo etnográfico, pues no queda reflejada en los registros ni en la documentación jurídica. Esta perspectiva hace hincapié en las estrategias concretas de los sujetos y su capacidad "agency" para generar normas y regulaciones propias al margen o en tensión con las normativas consuetudinarias, oficiales o estatales. No obstante, como la Antropología jurídica ha ido reflexionando, ni todo son estrategias concretas, ni todo es estructura y normatividad, si no que se deben integrar ambas perspectivas para comprender esa relación sistémica entre reglas y procesos, entre acciones individuales y experiencias sociales en un contexto normativo o con costumbres instituidas, pues ambas esferas coexisten y se construyen mutuamente (Sierra y Chenaut 2002). Siguiendo esta tradición epistemológica, la investigación que se pretende llevar a cabo trata precisamente de integrar estas perspectivas, poniendo en relación el estudio normativo con la realidad local y los conflictos concretos que allí se disputan. Al indagar en los procesos concretos veremos qué vecinos son los que reclaman usos particulares del comunal y en función de qué intereses, así como analizar en qué leyes apoyan sus demandas y con qué estrategias particularizan el comunal. Además, es interesante ver cómo la disputa va evolucionando a lo largo de las décadas y cómo los cambios legislativos que se van sucediendo "cambios en los criterios de resolución del conflicto" han provocado grandes tensiones. Será adentrándonos en estos detalles que los ideales de justicia e igualdad aparecen en el centro de la disputa, tensionando los intereses particulares con los comunes, y es entonces cuando el conflicto deja de ser una disputa por la titularidad de unos terrenos "como se presenta en los casos judiciales" y pasa a ser una pugna entre actores sociales, entre concepciones distintas de la justicia y de cómo adaptarse y reordenar las posesiones en un contexto nuevo. El estudio de las disputas aparece así, como es propio de la Antropología jurídica, en el centro de la investigación, pues es a partir de su comprensión y análisis que podemos desprender las ideas de justicia que chocan o conviven en el lugar de estudio, las distintas concepciones y usos que se confrontan. Como veremos enseguida, a este enfoque habrá que sumar una constatación importante que da paso a una comprensión más amplia y compleja: el hecho de que siempre existe una jerarquía normativa, una visión que tiene más peso que otras en cada momento y, por lo tanto, debemos tener en cuenta no sólo la confrontación de intereses, sino también las relaciones de poder y hegemonía que se dan en todo proceso social. En este punto, se hace necesario remarcar la importancia de una mirada histórica para comprender tanto los fenómenos jurídicos como las relaciones de propiedad y los conflictos de intereses. Incluso aunque nos centremos en comprender una determinada disputa en un momento concreto o en el presente etnográfico al que nos aproximamos, el pasado, la memoria, la historia de las transformaciones vividas aparece siempre como un factor influyente y en muchas ocasiones determinante para comprender los conflictos actuales, pues las ideas respecto a la justicia y las formas de vida y organización tienen generalmente un anclaje temporal ineludible En el caso de la Colonia Francisco Villa, la perspectiva de larga duración histórica nos pone en relación a toda una serie de cambios y transformaciones marcadas por avatares políticos, luchas por la emancipación y relaciones de dominación que han ido definiendo las relaciones de propiedad como una herencia entre generaciones. A una escala más local o regional, la perspectiva histórica nos permite reconstruir dilatadas pugnas entre familias; disputas entre derechos de uso y derechos reales; desigualdades económicas y enfrentamientos políticos arraigados en personajes y familias concretas y prácticas que se asientan en derechos inmemoriales. Así, la contextualización sociopolítica y socioeconómica no sólo de los cambios normativos e institucionales sino también de los conflictos y disputas por el territorio arroja gran cantidad de luz sobre el trasfondo social y antropológico de las relaciones de propiedad y nos da claves también para comprender las dinámicas de cambio, las formas de operar de las instituciones jurídicas y la capacidad de actuación de los actores locales. La perspectiva histórica permite profundizar la conjunción de los ámbitos político, jurídico y económico; la incrustación de los fenómenos jurídicos y posesorios en el orden social; y en una forma de comprender el derecho como un fenómeno social indesligable de un contexto histórico concreto. En el caso de las relaciones de propiedad la perspectiva histórica es imprescindible para comprender sus transformaciones, y es especialmente interesante adoptarla si hay documentación jurídica para reconstruirlas. En el estudio que se pretende llevar a cabo, se tratara de hacer un uso muy importante de documentación jurídica antigua y contemporánea. Se consultará el archivo municipal y del juzgado de paz, los cuales se interpretaran y analizaran a partir del conocimiento etnográfico de la realidad local, a partir de entrevistas con los actores implicados, de sus opiniones y relatos sobre los conflictos que aparecen reflejados en la documentación. Esta labor de poner en diálogo la documentación del archivo y la realidad presente y vivida por los vecinos de la colonia permite poner en relación los casos jurídicos, las sentencias y las leyes respecto a cada caso con la realidad material y el contexto en que se desarrollaron. Hasta aquí he tratado de mostrar cómo es necesaria la comunicación entre la Antropología y el Derecho para la comprensión de los fenómenos posesorios en un contexto concreto. El conflicto en la consecución de tierras y terrenos para el caso de la Colonia Francisco Villa, no se comprende si reducimos la mirada a la documentación jurídica "sentencias, títulos de propiedad, catastro", es más, ésta nos puede resultar ambigua e incluso arbitraria si comparamos documentos de distintas épocas. Las fuentes que nos proporciona el Derecho no nos dan una explicación de lo que sucede y por qué sucede, y si lo hacen, es sólo de forma unilateral, desde la visión legal. En este sentido, el estudio etnográfico permite comprender los casos concretos y la complejidad en la que se desenvuelve el conflicto, donde se entremezclan factores que el Derecho no capta: transformaciones económicas y del mundo rural, diferencias de clase y estatus entre los implicados en el conflicto, diferencias en la extensión de tierras acaparadas, etc. Lo cual no quiere decir que para conseguir una comprensión profunda de esta larga disputa no necesitemos acudir a las fuentes documentales que provienen del Derecho "documentación jurídica y análisis legislativo y judicial en torno al caso" para comprender también la legalidad a la que apelan los litigantes. La etnografía necesita nutrirse también con estas fuentes.