La protección del patrimonio cultural de carácter arqueológico es una labor compleja que exige la aplicación de diferentes disciplinas. Se trata de una labor multidisciplinaria que conjuga especialistas en Derecho y Arqueología, fundamentalmente, bajo el esquema de protección legal y técnica que comprende la implementación de acciones legales en aplicación de la normatividad federal vigente en materia de monumentos, con el debido soporte arqueológico, por una parte, y el registro de contextos arqueológicos y la difusión de la información obtenida, por la otra. A través de la Arqueología de salvamento, los especialistas plantean problemas e hipótesis sobre la extensión de la urbe prehispánica más grande del Altiplano Central y el desarrollo social y cultural que en ella tuvo lugar, realizando investigaciones en áreas distintas a la zona nuclear que hoy se encuentran ocupadas por asentamientos humanos contemporáneos. Esta ocupación moderna, que se traduce en refuncionalización de los espacios, exige a la vez el análisis social en el cual es necesaria la intervención de disciplinas como la Etnohistoria, la Antropología Social o la Geografía Humana, entre otras, para lograr comprender una dinámica poblacional que se remonta a más de dos mil años en el tiempo.