A partir de la creación, en 2003, de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, se abrió un amplio campo de acciones gubernamentales que se fueron instrumentando bajo los lineamientos generales establecidos por dicho organismo internacional. Sin embargo, en varias naciones, entre las que se encuentra México, dichas acciones se han desarrollado careciendo de un marco jurídico que establezca competencias a los diversos actores interesados en la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, en adelante PCI. Cabe señalar, por ejemplo, que la Ley General de Cultura promulgada en 2017, tan sólo menciona la existencia del Patrimonio Cultural Inmaterial en nuestro país, pero no brinda un marco normativo que establezca los derechos y obligaciones de los agentes que intervienen en los procesos de patrimonialización, sobre todo en relación al usufructo de las utilidades económicas y políticas que puedan derivarse de la práctica vinculada a dichos patrimonios. Por ello, el principal propósito de la investigación será determinar cuál es la vinculación entre el marco jurídico en torno a la noción de derechos culturales y las políticas culturales relacionadas con el PCI, con el objeto de proponer las acciones necesarias para la oportuna salvaguarda de dicho patrimonio. Los campos a investigar, bajo el marco antes señalado serán: - La música y el baile tradicional - La partería tradicional - Los derechos culturales y la defensa del territorio