Con la promulgación de la Constitución de 1857, como ley suprema del Estado Mexicano, además de sentarse las bases para la separación de éste y de la Iglesia Católica, se legitimó la intervención sobre los bienes de ésta, acción que sería definitivamente finiquitada con la promulgación de la ley del 12 de julio de 1859 de nacionalización de bienes eclesiásticos expedida por Benito Juárez en su calidad de presidente interino. La justificación dada por Juárez para la expedición de dicha ley habla acerca de que, desde la perspectiva de los liberales, la guerra civil que había estallado en 1858, era responsabilidad del clero por su interés de sustraerse a la dependencia de la autoridad civil. Asimismo, afirmaba que, el clero apoyado en los recursos depositados en sus arcas con fines piadosos, estaba desviándolos para apoyar una guerra fratricida con el consiguiente trastorno social. Por lo anterior, había decidido cortar las fuentes de financiamiento a la institución eclesiástica a fin de lograr la paz en México. Situación alcanzada con la entrada del ejército liberal en la Ciudad de México el 1o. de enero de 1861 dando fin así a la etapa que se conoció como guerra de reforma.